Violencia doméstica: maltrato familiar, pena y defensa

La violencia doméstica protege la paz familiar y a las personas del entorno de convivencia frente a la violencia ejercida sobre ellas. Lo decisivo es la víctima: ascendientes, descendientes, hermanos, menores o personas vulnerables bajo guarda, y demás integrantes del núcleo de convivencia.

Qué la separa de la violencia de género

Cuando la víctima es la mujer que es o ha sido esposa o pareja afectiva del autor varón, los hechos son violencia de género y se rigen por tipos agravados propios (arts. 153.1, 148.4, 171.4, 172.2) y por la competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de Violencia sobre la Mujer). La violencia doméstica abarca el resto de relaciones familiares y de convivencia.

Maltrato ocasional y violencia habitual

• Maltrato ocasional (art. 153.2): golpear o maltratar de obra sin causar lesión, o causar una lesión de menor gravedad, a alguna de las personas del entorno familiar distinta de la pareja-mujer.
• Violencia habitual (art. 173.2): el ejercicio reiterado de violencia física o psíquica; no se castiga cada agresión aislada, sino la situación de violencia sostenida.

Qué es la habitualidad (art. 173.3)

No se mide por un número fijo de agresiones, sino por el número de actos de violencia acreditados y su proximidad temporal, con independencia de que se hayan ejercido sobre la misma o distintas víctimas y de que hayan sido o no enjuiciados antes.

El delito de violencia habitual es compatible y se suma a la pena por cada agresión, amenaza o coacción concreta que se pruebe. Una misma causa puede contener el art. 173.2 y, además, delitos de lesiones o amenazas individualizados.

Maltrato ocasional (art. 153.2)

Prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años; cuando el juez lo estime adecuado al interés del menor, inhabilitación para la patria potestad.

Violencia habitual (art. 173.2)

Prisión de 6 meses a 3 años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años y, en su caso, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 1 a 5 años.

Agravación (mitad superior)

Las penas se imponen en su mitad superior cuando alguno de los actos se perpetra en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima, o quebrantando una pena del art. 48, una medida cautelar o de seguridad.

Concurso con los actos concretos

Las penas anteriores se imponen sin perjuicio de las que correspondan por los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia (lesiones, amenazas, coacciones), que se castigan por separado.

La defensa se concentra en la habitualidad, en la prueba y en la valoración de la declaración de la víctima:

1. Ausencia de habitualidad

El delito del art. 173.2 exige un clima de violencia sostenido. Si solo se acreditan hechos aislados o inconexos, no concurre la habitualidad y, en su caso, los hechos se reconducen a delitos concretos o al maltrato ocasional.

2. Análisis de la declaración de la víctima

La jurisprudencia exige persistencia, verosimilitud y ausencia de móviles espurios; trabajar las contradicciones o el contexto de conflicto familiar es esencial.

3. Prueba pericial

Revisar los informes médicos y psicológicos y su nexo con los hechos imputados puede debilitar la acusación.

4. Contexto de conflicto familiar bilateral

En conflictos de convivencia, acreditar un contexto de enfrentamiento recíproco puede desvirtuar el relato de violencia unilateral y habitual.

5. Garantías procesales

El respeto de los derechos del investigado y la correcta práctica de la prueba son una vía de defensa frente a actuaciones precipitadas.

6. Atenuantes

Reparación, confesión y dilaciones indebidas reducen la pena dentro del marco legal.

Estos procedimientos exigen rigor y sensibilidad. La defensa técnica no cuestiona a la víctima de forma gratuita: trabaja la prueba de la habitualidad y las garantías del proceso.