Delitos contra los derechos de los trabajadores: pena y defensa

Estos delitos protegen los derechos de los trabajadores y su seguridad. Castigan, entre otras conductas, imponer condiciones laborales que perjudiquen o supriman derechos reconocidos mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, el empleo irregular, el tráfico de mano de obra y la falta de medidas de seguridad que ponga en grave peligro la vida o la salud.

Las principales figuras

• Imposición de condiciones ilegales (art. 311): mediante engaño o abuso de necesidad.
• Tráfico de mano de obra (art. 312): traficar ilegalmente con trabajadores o reclutarlos con engaño.
• Seguridad e higiene (art. 316): no facilitar los medios de seguridad poniendo en grave peligro la vida o la salud.

La frontera con la infracción administrativa

Las irregularidades laborales sin engaño, abuso ni peligro grave son infracciones administrativas, sancionadas por la Inspección de Trabajo, no delitos.

El engaño, el abuso de necesidad o el peligro grave para la vida son los elementos que convierten una infracción laboral en delito. La defensa trabaja esa frontera.

Condiciones ilegales (art. 311)

Imponer mediante engaño o abuso de necesidad condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos de los trabajadores se castiga con prisión de 6 meses a 6 años y multa.

Tráfico de mano de obra (art. 312)

Traficar de manera ilegal con mano de obra, o reclutar personas con engaño o bajo condiciones falsas, se castiga con prisión de 2 a 5 años y multa.

Seguridad e higiene (art. 316)

No facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en grave peligro su vida o salud, se castiga con prisión de 6 meses a 3 años y multa; por imprudencia grave, con la pena inferior (art. 317).

La defensa trabaja el engaño, el peligro y la determinación de los responsables:

1. Ausencia de engaño o abuso

Sin engaño ni abuso de una situación de necesidad, la conducta es, en su caso, infracción administrativa.

2. Inexistencia de peligro grave

En la seguridad e higiene, demostrar que no hubo un peligro grave para la vida o la salud excluye el delito.

3. Determinación de los obligados

Delimitar quién era el obligado a garantizar la seguridad evita imputaciones genéricas.

4. Cumplimiento de las medidas

Acreditar la adopción de las medidas de prevención exigibles desactiva la imputación.

5. Concurrencia de culpas

La conducta del propio trabajador puede modular la responsabilidad.

6. Atenuantes

Reparación, regularización y dilaciones indebidas operan dentro del marco legal.

No toda irregularidad laboral es delito. La defensa delimita el engaño, el abuso de necesidad o el peligro grave y determina con precisión a los responsables de la seguridad.